Violencia generalizada se respira desde hace diez años, en todo el territorio mexicano, el crimen organizado se ha apoderado de las calles y la mayoría de los estados. Para lo cual, el Gobierno Mexicano se ha empeñado en desarrollar una guerra contra los criminales, y organizaciones que aterrorizan a los mexicanos.
Las fuerzas armadas y cuerpos de policía especializados, libran batallas, con el objetivo de erradicar el crimen.
Hace unos días, el gobierno mexicano firmó con la empresa alemana Sig Sauer –fabricante de armamento– un acuerdo que le permitirá a México ensamblar y reparar armas de esa firma, durante cuatro años.
Por un monto de 266 millones de dólares, este convenio evidencia la intención de “militarizar” a las policías estatales y municipales, mexicanas.
Este hecho provocó cierto desacuerdo en el Congreso estadounidense. Ya que durante cuatro años, la manufactura en México le permitirá, sin restricciones, crear entre 300 mil y 400 mil armas de fuego.
En cuestión monetaria, este es el mayor acuerdo que el gobierno de México ha firmado con una empresa privada, desde finales del siglo pasado.
Para mala fortuna de los mexicanos, esta no es la única vía por la que las armas ingresan a nuestro país, ya que también existe la compra de manera ilegal. Con esto, recordaremos uno de los escándalos que ha sacudido a nuestro país en recientes fechas, respecto a las armas ilegales.
El operativo llamado “Rápido y Furioso” inició en 2009, pero el escándalo estalló en 2011.
En Rápido y Furioso, el gobierno de Estados Unidos capacitó a agentes de la PGR para realizar el rastreo e identificación de armas de fuego, a la par que realizaba operativos para introducir armas de manera ilegal a territorio mexicano, con el propósito de localizar a capos del crimen organizado. Amigos y enemigos bajo la misma máscara.
Existe la evidencia de que las armas que “se dejaron pasar”, fueron usadas por el crimen organizado en México, incluso contra civiles.
Es aquí en donde surgen las verdaderas dudas, del por qué el gobierno estableció un acuerdo de este tipo.
Militarizar las calles, controlar mediante la fuerza y el fuego, no solo a criminales, sino a la población en general.
Las armas solo crean muerte y destrucción, algo que sobra –y mucho– dentro de todo el país.