En septiembre de 2018 en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, un olor fétido comenzó a circular por el lugar. Los residentes notificaron a las autoridades del extraño olor y la aparición de un misterioso tráiler.
La sorpresa e indignación se hizo notar cuando se descubrió que este tráiler y otro más pertenecían al gobierno, y contenían en total 322 cuerpos de personas no identificadas.
La defensa del gobierno fue que las morgues se encontraban llenas y utilizaban a los tráileres para mantener los cuerpos.
Desde que el gobierno mexicano inicio la “guerra contra las drogas” en 2006, la violencia se ha elevado a niveles estratosféricos. En el caso de Jalisco las muertes comenzaron a sobrepasar al sistema en 2015, cuando la Ley General de Víctimas prohibió el uso del horno crematorio para deshacerse de los cuerpos.
Con la nueva ley el gobierno sólo permitía que los cadáveres fuesen enterrados o mantenidos en resguardo.
Luis Cotero Bernal, entonces director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forense (IJCF), se enfrentó a un sistema sobrepasado con cuerpos amontonados, sin apoyo de la Fiscalía.
En respuesta, la Fiscalía dio recursos para que se aclimatara una bodega, con esperanzas de que esta solución aliviara los problemas del sistema forense, sin embargo, la situación no mejoró y los cuerpos comenzaron a descomponerse por los problemas de refrigeración, causando que muchos de los trabajadores temieran por su salud.
Ante este panorama, el IJCF y la Fiscalía firmaron el 2 de enero de 2017 el “Convenio específico de colaboración para la conservación de cadáveres”, normalizando la operación de los tráileres-morgue.
Se suponía que con el acuerdo los tráileres respetarían las normativas internacionales para tratar cuerpos, manteniendo una refrigeración adecuada y teniendo un límite en la cantidad de cadáveres que podían ubicarse ahí. Pero con el paso del tiempo y el aumento de la violencia, el sistema refrigerante falló y los cuerpos se acumularon, entorpeciendo el flujo del aire y el aceleramiento de la descomposición.
Tiempo después estos camiones fueron encontrados por la población y se desató el escándalo. De los responsables, Yolanda Salomé se encuentra procesada, Luis Cotero Bernal y Eduardo Mota Fonseca fueron destituidos de sus puestos, sin embargo, muchos funcionarios continúan sin recibir castigo por las acciones que causaron dolor a miles de familias.
Los Ojos de Cuervo 